sábado, 22 de marzo de 2014

ACERCA DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Asdrúbal Plaza Calvo

Bogotá D.C., junio 17 de 2012

Hablar de ordenamiento territorial supone meterse en el lío conceptual que teóricos y académicos manejan según la concepción que tengan del mundo y del modelo de país que proponen se construya, que muchas veces queda en lo ideal porque no corresponde a lo real o a lo posible. Por eso mismo, no queremos meternos en ese lío y preferimos sólo reflexionar ampliamente sobre este tema de actualidad para contribuir a crear opinión e interés, pero sobretodo para que los mismos pueblos indígenas profundicemos en este tema.

Es mi interés en este artículo, salir un poco del conocimiento indígena para examinar otros saberes ajenos a nuestras culturas, con el ánimo de dar cabida un poco a la interpretación desde la interculturalidad que a veces tanta falta nos hace a los indígenas para entender los mundos distintos al nuestro y tomar luego las mejores decisiones para nuestros pueblos.

El ordenamiento ha tenido a través de la historia un manejo de extremos conceptuales que buscan cada uno a su manera primar sobre el otro, tal como sucede entre lo urbano y lo rural, entre población mayoritaria y las “minorías” étnicas, entre el atraso y el progreso, entre la centralización y la descentralización, entre la cultura propia y las otras culturas, entre las grandes ciudades y las pequeñas, entre la capital y la provincia, etc.

Esas duplas han contribuido a que el ordenamiento territorial caiga en lo que se podría denominar reduccionismos: El reduccionismo economicista a través de la “verdad intocable” de las planeaciones macroeconómicas que terminan descuidando el territorio; el reduccionismo urbanista que le da importancia a la cartografía (planos y mapas); el reduccionismo ruralista que considera este es el único sector productivo; el reduccionismo naturalista que convierte al ser humano en una especie natural dando poco valor a la cultura y la economía; el reduccionismo tecnocrático que no valora lo político y social sino lo técnico y profesional.

Todo esto ha llevado a que las versiones de territorio sean diversas, dependiendo del interés y concepto que se maneje. Para algunos el territorio está asociado sólo al espacio físico y entonces se limitan a la elaboración de mapas y planos; para otros se trata del ordenamiento político administrativo del país y entonces sólo les interesa definir las competencias geográficas para el ejercicio del poder en la nación, departamentos, distritos, municipios y entidades territoriales indígenas; también estamos los que consideramos que el territorio es vida y que sin él no es posible la existencia como pueblos y entonces nos preocupa el manejo y protección de todo el entorno ambiental, económico, político, social y cultural, con respeto por la naturaleza y lo ancestral.

No faltan, claro está, las versiones institucionales sobre ordenamiento territorial que parten de las normas jurídicas que cada funcionario interpreta a su propio modo. Veamos algunos ejemplos:

“Es un conjunto de acciones concertadas emprendidas por la nación y las entidades territoriales, para orientar la transformación, ocupación y utilización de los espacios geográficos, buscando su desarrollo socio económico y teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población, las potencialidades del territorio y la armonía con el medio ambiente”. (Versión adoptada por la comisión de ordenamiento territorial y desarrollada por el IGAC).

El ordenamiento territorial es el que se encarga de planear los usos adecuados de un determinado espacio, usualmente ciudades, departamentos y municipios”.

“El ordenamiento territorial de un país, región o entidad territorial es el resultado de la incidencia espacial de las políticas ambientales, las políticas sectoriales de desarrollo (económico, social y cultural) y de manejo político-administrativo del territorio.” (Angel Massiris Cabeza).

A nuestro juicio, casi todas olvidan el precepto constitucional del respeto y protección a la diversidad étnica y cultural (artículo 7º Constitución Política), lo cual exige un tratamiento integral acorde con las características culturales de la nación que genere políticas más allá de las entidades territoriales indígenas, es decir, que vaya a la reconstrucción de los territorios ancestrales para los pueblos indígenas y no a su pérdida como se presagia a través de las ETIs, sino se modifica la propuesta de ordenamiento del gobierno.

El ordenamiento territorial debe servir para vivir dignamente, para reconciliarnos cada vez más con la naturaleza, para proteger y potenciar nuestros territorios, para fortalecer nuestra autonomía y gobierno propio, para garantizar la reconstrucción social, económica, política y ambiental de nuestros pueblos, para recuperar y fortalecer nuestros procesos de identidad cultural, para consolidar los procesos de justicia indígena, para ejercer nuestro Derecho Mayor. Tendremos que cuidarnos mucho que a través del ordenamiento territorial el Estado pretenda convertirnos en un apéndice institucional, en unos tesoreros de los dineros oficiales cuya forma de inversión ya nos señalan previamente por ley sin posibilidad de definir según nuestras prioridades, o que quieran convertir nuestras autoridades tradicionales en simples soplones o razoneros del Presidente en materia de orden público, o que pretendan acabar con nuestros usos y costumbres, con nuestro Derecho Mayor y obligarnos a aplicar las normas occidentales como criterio de control social interno.

El ordenamiento territorial debe constituirse en una oportunidad para que desde los pueblos indígenas y sus autoridades tradicionales se trabaje en una reforma constitucional que dé mejores garantías para la constitución de las ETIs., pues con las actuales normas constitucionales se corre mucho riesgo de perder el territorio indígena de propiedad colectiva para que se conviertan en simples divisiones político administrativas del Estado; de sacrificar la autonomía y autodeterminación para ser agentes institucionalizados del sistema; de pasar de un gobierno indígena propio a una instancia de gobierno estatal. Y toda esto, muchas veces motivado por el afán de administrar unos recursos económicos bajo el sofisma de distracción en moda, según el cual, “sin plata no hay autonomía”.