HACIA UNAS POLÍTICAS DE INTEGRACIÓN EN LA DIVERSIDAD
CON PARTICIPACIÓN DECISORIA DE PUEBLOS INDÍGENAS
-Resumen de Ponencia-
Por: Asdrúbal Plaza Calvo
I Foro de intelectuales e
investigadores indígenas
Lima, julio 4 a 6 de 2007
INTRODUCCIÓN:
Desde hace algún tiempo se viene promoviendo a nivel latinoamericano la construcción de políticas públicas para pueblos indígenas en el orden nacional e internacional. Algunas veces se cuenta con el criterio de los interesados y en otras simplemente son decisiones que toman los estados sin tener presente el mandato del Convenio Internacional 169 de
Como aporte a la construcción de políticas de integración en la diversidad
para y con participación decisoria de los pueblos indígenas, presento algunos
elementos desde una óptica no mercantilista ni excluyente de los valores e
intereses de los pueblos indígenas, sectores populares andinos y en general
latinoamericanos, que han sido trabajados por los propios pueblos,
nacionalidades y organizaciones indígenas en diferentes escenarios internacionales
y que considero son los que deben tenerse en cuenta por los estados cuando de
legislar sobre esta materia se trate.
De manera concreta haremos una referencia a las naciones y pueblos indígenas
que serían objeto de una medida de esta naturaleza en la Región Andina a
través de las decisiones que se adopten en la Comunidad Andina
de naciones, CAN: Se abordará un enfoque de lo que no debe ser una política de
integración en la diversidad y se aportarán elementos de lo que los pueblos y
nacionalidades indígenas esperan sea dicha política y al final se sugieren unos
complementos instrumentales y políticos necesarios.
ANTECEDENTES
La población indígena andina objeto de la incidencia de las políticas,
presenta los siguientes elementos estadísticos. En Colombia[1] se
reconocen 87 pueblos indígenas con una población de 1’378.884 personas que
corresponde al 3,4% del total nacional de 41.468.384 habitantes. En Bolivia[2],
hay 8’054.169 habitantes y de ellos 5’008.997 son indígenas que son el 62.2%
del total nacional distribuidos en 37 pueblos indígenas. En Ecuador[3] la
población indígena se estima en 1’203.382 personas distribuidas en 27 pueblos y
nacionalidades indígenas que corresponde al 8.7% del total de población:
13’710.234 habitantes. Perú[4]
con población de 26’152.265, tiene 9’000.000 de indígenas distribuidos en 72
grupos étnicos que corresponden al 34,41% del total nacional. En Venezuela[5] la
población indígena es el 2.17% del total nacional de 23’232.553 habitantes que
corresponde a 506.341 personas distribuidas en 28 pueblos indígenas. Así se
deduce que de 112’617.604 habitantes de la comunidad andina, 17’097.604 son
indígenas, equivalentes al 15.18% del total, hasta ahora excluidos, tratados en
inferioridad de condiciones y sin capacidad decisoria en las políticas que les
afecta e interesa.
Hablar de políticas
de integración trae evocaciones nefastas de integracionismo como lo testimonian
dirigentes indígenas. Leonor Zalabata (Pueblo Arhuaco): “…nosotros los Iku
tradicionales, hemos comprendido que cuando el blanco habla de “progreso” e
“integración”, significa miseria y despojo para nosotros, porque en esa
integración los indígenas no tenemos ninguna participación, porque no se nos
oye, ni se nos ha permitido ser quienes decidamos cuál es el camino que hemos
de seguir”[6].
Blanca Chancoso (Ecuarunari): “Con relación a la llamada “integración”, habría
que esclarecer de qué estamos hablando, porque el pretexto de la integración
siempre fue para imponer y para hacer desaparecer a los otros, siempre ha sido
una integración violenta construida desde el poder”[7].
Bertha Cáceres (COPINH) dice que: “…es una integración para el capital-pulpo
que se traga a los pueblos, es una interpretación a favor de las
transnacionales mediante los TLCs, el PPP (Plan Puebla Panamá), los acuerdos
migratorios basados en prejuicios, racismo y discriminación. (…) mientras nos
invaden los productos gringos, están saqueando nuestros pueblos, imponen leyes
fitosanitarias, migratorias, nuevas barreras arancelarias…”[8]. Este
tipo de integracionismo fracasó y ese camino no se debe repetir; tampoco es
viable el propósito de algunos gobiernos que ven en la integración un medio
para enriquecer a la oligarquía local y entregar las riquezas naturales a las
transnacionales, despojando de lo suyo a los propietarios ancestrales.
El Presidente de
Bolivia Evo Morales Ayma hizo una propuesta para construir la “Comunidad
Sudamericana de Naciones” (CSN),[9]
mediante un proceso de integración que tenga en cuenta y respete los procesos,
ritmos y velocidades de las naciones para asumir compromisos y avanzar en
ellos, con una hoja de ruta para la adopción de instrumentos supranacionales
que respeten la soberanía; que forje una integración para vivir bien, que
resuelva los problemas de la pobreza y destrucción de la naturaleza, que busque
la complementariedad en vez de la competitividad, que comparta con el vecino en
vez de aprovecharse de él, que piense no sólo en términos de ingreso percápita
sino de identidad cultural, de comunidad y armonía entre seres humanos y con la
madre tierra, que respete y promueva la diversidad económica, que no trate los
recursos naturales como una mercancía, que no permita patentar las plantas,
animales y la materia viva, que proteja la biodiversidad de la piratería y
garantice a los países el dominio sobre sus recursos genéticos y conocimientos
colectivos tradicionales, que preserve y promocione la diversidad cultural de
pueblos indígenas, mestizos y todas las poblaciones que migraron a este
continente.
En contraste el
Presidente de Colombia Álvaro Uribe expresó en la XVII Reunión
Ordinaria de la
Cumbre Presidencial Andina “…que como Comunidad Andina nos
integremos más y más en la idea de tener una Latinoamérica con una integración
sólida, ojalá algún día pudiéramos llegar a la moneda única, (…) tener unos
indicadores macroeconómicos dentro de unos rangos, unas tasas de cambio dentro
de unos rangos, unos déficits dentro de unos rangos, unos endeudamientos dentro
de unos rangos…”. “…la integración tiene que ser mucho más global…”.[10]
Miguel Palacín
Quispe, Presidente de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú
Afectadas por la Minería
(CONACAMI) dijo: “Apostamos por una integración pensada desde la óptica de los
pueblos, no estamos de acuerdo con una integración macroeconómica de los
Estados y de los bloques económicos sino con una integración de los pueblos,
basada en la diversidad, la unidad latinoamericana y la sustentabilidad de las
prácticas y el pensamiento indígena…”.[11]
El exsenador del
Congreso de Colombia Francisco Rojas Birry ha planteado que “Los indígenas
hasta ahora hemos estado excluidos y fuera, pero queremos tener un rol
protagónico, queremos ser actores reales en las decisiones políticas,
económicas y sociales de los Estados…”.[12] Como
se ve, la concepción de integración no es la misma desde la mirada
gubernamental y desde la indígena. Para algunos es más importante el comercio,
las finanzas y la globalización, en tanto para otros es la participación
directa y decisoria.
El proceso de
integración tendrá que resolver temas que pueden presentar tensión entre
gobiernos, pueblos indígenas y sectores populares. Algunos puntos en tensión
podrían ser: Porqué, para qué y cómo nos integramos; Qué significa desarrollo
para las partes; Si la globalización busca la homogenización a escala
planetaria, cómo implementar procesos de diversidad cultural e
interculturalidad con reciprocidad; Si la relación de los gobiernos con pueblos
indígenas es de subyugación cómo darles participación con capacidad decisoria;
Cómo resolver la oposición radical de los pueblos y nacionalidades indígenas al
apoyo de algunos gobiernos al TLC, ALCA, Plan Puebla Panamá, Plan Colombia,
Integración de la
Infraestructura Regional Sur Americana (IIRSA), la Organización del
Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), que son elementos estructurantes de la
política hegemónica de los Estados Unidos para las Américas y el Caribe; Cómo
resolver lo del cultivo y aprovechamiento medicinal y cultural de la hoja de
coca por los pueblos indígenas ante la penalización de la misma por los
gobiernos; La tensión sobre el proyecto de asociación UE-CAN que pretende
establecer una Zona de Libre Comercio (ZLC) que no es de buen recibo por los
indígenas; Cómo acabar la retórica y formalismos jurídicos gubernamentales
frente a los derechos y acciones concretas que demandan los pueblos indígenas,
tales como: respeto a los derechos humanos, desmilitarización de territorios
indígenas, no criminalización de las luchas y movimientos sociales,
reconocimiento y respeto a la autonomía, gobiernos propios, territorio,
biodiversidad, educación, salud y justicia de los pueblos indígenas y la no
autorización al ingreso de transgénicos.
El proceso de integración no deberá ser: un pacto de
coctel o mera voluntad política presidencial o de cancillerías; un compendio de
proyectos tecnócratas y desarrollistas; un mecanismo que propicie despojo
territorial y extinción de pueblos indígenas; un mecanismo que busque
básicamente el enriquecimiento de empresas privadas nacionales y
transnacionales; una negociación básicamente económica, física, vial y
energética; una propuesta desde la mirada de las inversiones y/o la suscripción
de acuerdos con EEUU que vulneren la soberanía; una integración sin
participación indígena con capacidad decisoria; un espacio para que el BID, el
BM y entidades afines desarrollen acciones asistenciales y de cooptación para
desarticular organizaciones autónomas y legítimas; un espacio para promoción de
concesiones de territorios indígenas para las industrias extractivas; un formalismo
donde la interculturalidad no aporta a la equidad y justicia social; un
mecanismo que promueva desarrollo inequitativo de culturas dominantes sobre las
dominadas; un espacio para ONGs que aparentemente comparten el pensamiento
indígena pero que ejecutan políticas contrarias a los intereses de los pueblos
y causan divisiones a su interior; una integración bajo la lógica del capital, el
lucro, individualismo, competitividad, despojo y deslealtad; que piense sólo en
la uniformización y mercantilización con fines de lucro o de dominación; que
piense sólo en términos percápita; que no respete derechos ancestrales y
permita patentes para plantas, animales y materia viva; que no proteja la
biodiversidad con sus recursos genéticos y conocimientos colectivos
tradicionales; que sea instrumento de apertura comercial y de impulso a
infraestructuras en función de intereses del capital transnacional; que hable
sólo de exportación e importación; que se base en un modelo excluyente o que
conciba la integración como una anexión.
El proceso de integración debería ser: la expresión de los
pueblos y no sólo de los gobiernos; direccionado desde los pueblos andinos y no
desde las élites dominantes; que reconozca y respete territorios indígenas,
autonomía política y económica basada en la identidad, cultura y autodeterminación
de los pueblos; que sea una integración plurinacional, equitativa, soberana,
justa, fraterna, integral e incluyente en igualdad de condiciones; que
fortalezca la diversidad, multiculturalidad y unidad latinoamericana;
fortalezca la sustentabilidad de las prácticas y pensamiento indígena, la
refundación de los estados-nación, la construcción de estados plurinacionales y
las sociedades interculturales; que base sus políticas en la espiritualidad y
cosmovisión ancestral indígena; que permita a los pueblos del Abya Yala la
“…recuperación y la recreación del cosmosaber, cosmoestar, cosmohacer,
cosmosentir, para conducirnos a la construcción-reconstitución de la
ciencia-conciencia, a partir de la reciprocidad y complementariedad”[13];
que reconozca y comprenda las realidades y particularidades de los pueblos,
nacionalidades, autoridades, movimientos, procesos organizacionales y luchas
indígenas; que integre realidades complejas con diferencias y semejanzas y
considere la diversidad de demandas, identidades, necesidades y aspiraciones;
que reconozca y respete los derechos colectivos e individuales de los indígenas,
sus culturas, la preservación de idiomas nativos, las formas de administrar
justicia, la biodiversidad, medicina, conocimientos y derecho ancestral e
histórico al territorio y a los bienes comunes de la madre naturaleza; que
promueva de convivencia socioeconómica que trascienda el ámbito mercantil y se
funde en la solidaridad social, el comercio justo, la complementariedad y
cooperación productiva, la justicia social, la preservación de la vida; que
valore, estimule y fortalezca la economía solidaria y comunitaria; que se base
en la preservación de la naturaleza, sustentabilidad ambiental, soberanía y
autonomía alimentaria, el respeto a las culturas, el fortalecimiento de las
comunidades originarias, la atención prioritaria a los sectores sociales
vulnerables; que garantice vigencia y aplicación plena de los derechos humanos,
la participación directa con capacidad decisoria en todas las instancias del
proceso de integración, la democratización de la comunicación, la educación
propia, la defensa de la madre naturaleza y los derechos de los pueblos y
nacionalidades indígenas; que los recursos naturales sean primero para los
connacionales y luego si hay excedentes tengan un comercio justo; que sea
herramienta para la descolonización de la democracia y política andina; que
luche contra el intervencionismo, el saqueo de los recursos naturales, los
transgénicos, la militarización de los territorios indígenas, la construcción
de bases militares gringas en territorio andino y contra la criminalización de
la protesta y lucha social; que construya y fortalezca lazos de solidaridad
basados en la coexistencia de países, pueblos, nacionalidades, organizaciones y
movimientos sociales y que anteponga el interés y la defensa de lo público al
lucro privado.
A los criterios anteriores habría que adicionarle
un complemento necesario instrumental y político que de no hacerlo dejaría en
el campo del formalismo y la retórica lo antes dicho. Este complemento tiene
que ver con la revisión, redefinición y/o reconstrucción de organismos andinos
o suramericanos ya existentes que entrarían en contradicción con la integración
aquí propuesta. Por ejemplo: la
CAN no debería ser exclusiva de los gobiernos sino de los
pueblos, lo cual conlleva una redefinición en sus componentes, objetivos, metas
y acciones. Revisar para atemperar a los criterios aquí expuestos, la IIRSA , OTCA[14] y
en Colombia su vinculación al Plan Puebla Panamá (PPP). Examinar la posibilidad
de lograr una convergencia entre la
CAN y el MERCOSUR. Finalmente, habría que redefinir los
procesos de combate a la pobreza, los objetivos del milenio y trabajar sobre la
reestructuración de los estados con participación de los pueblos y
nacionalidades indígenas.
·
CERDAS
VEGA, Gerardo. ¿Qué queremos decir cuando
hablamos de integración?. Entrevista a Blanco Chancoso y Bertha Cáceres.
Minga Informativa/Grito de los excluidos/as.
http://www.movimientos.org./show_text.php3?key=9906.
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Naciones para “Vivir bien”. La Paz ,
octubre 2 de 2005.
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2007.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/junio/14/04142007.htm
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CALVO, Asdrúbal. Diversidad Cultural y Pluralidad Jurídica. Cátedra
universitaria. Popayán, 1993.
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Colombiana de Acción frente Comercio y el ALCA, RECALCA. En pro de la integración desde y para nuestros pueblos. Declaración
de Quito. Bogotá, marzo 26 de 2007.
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Latinoamericana, pero con los pueblos indígenas. septiembre 10
de 2005,
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http://www.movimientos.org/enlacei/index.php.
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proponen “otra integración”. http://www.acsur.org/acsur/noticias/indigenoct05.htm.
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Tratado
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informativa.
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ZALABATA,
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III
Cumbre Continental de Pueblos Y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. De la resistencia al poder. Declaración
de Iximche. Iximche, Guatemala, marzo 30 de 2007.
·
III
Cumbre Continental de Pueblos Y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. De la resistencia al poder. Mesas de
trabajo. Iximche, Guatemala, marzo 30 de 2007.
[1] Fuente: DANE Censo General
2005.
[2] Fuente: SISPP:
http://www.sisppi.org/redatam/PRYESP/SISPPI/
[3] Fuentes: SISPP:
http://www.sisppi.org/redatam/PRYESP/SISPPI/; el INEC-Censo 2001 y el
SIISE-CODEMPE-SIDENPE.
[4] Fuentes: COPPIP:
www.laneta.apc.org/rci/organinteg/coppip.html y el INEI X Censo de población
2005.
[5] Fuentes: SISPP:
http://www.sisppi.org/redatam/PRYESP/SISPPI/ y el INE.
[6] ZALABATA, Leonor. Control sobre el territorio, la
biodiversidad y las investigaciones en territorios indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Revista
Semillas Nº: 19, marzo de 2003.
[7] CERDAS VEGA, Gerardo. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de
integración?. Entrevista a Blanca Chancoso y Bertha Cáceres.
http://www.movimientos.org./show_text.php3?key=9906.
[8] Ibídem
[9] MORALES, Evo. Construyamos con
nuestros pueblos una verdadera Comunidad Sudamericana de Naciones para “Vivir
bien”. La Paz ,
octubre 2 de 2005.
[10] Portal Presidencia. Colombia
asumió hoy presidencia pro témpore de la CAN. Junio 14 de 2007.
http://www.presidencia.gov.co/prensa_new/sne/2007/junio/14/04142007.htm
[11] TAMAYO G. Eduardo. Parlamentarios y líderes proponen “otra
integración”. http://www.acsur.org/acsur/noticias/indigenoct05.htm.
[12] Ibídem
[13] III Cumbre Continental de
Pueblos Y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala. De la resistencia al poder. Mesas de trabajo. Iximche, Guatemala,
marzo 30 de 2007.
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